por José-Ramón Ferrandis | 19 Jul 2025 | Libros, Países / Áreas geográficas
Hoy, 19 de julio de 2025, se cumplen 98 años desde que ese mismo día, pero de 1936, tuvo lugar uno de los actos más criminales de la historia de la II República. Vean cómo lo relata el libro “Franco sin adjetivos”[1].
“En Madrid, los milicianos produjeron una masacre en el Cuartel de la Montaña, inmediatamente después del Alzamiento. El 19 de julio de 1936, el general Joaquín Fanjul Goñi[2], sin mando de tropas, pero encargado del Alzamiento en Madrid, entró vestido de civil en el Cuartel de la Montaña. En su interior había unos 1.200 hombres, de los que unos 140 eran oficiales. Esperaba refuerzos de las guarniciones de Campamento, Getafe y Cuatro Vientos, que nunca llegaron. Esa misma tarde, el cuartel fue rodeado por tropas del ejército de la República, guardias de asalto y milicias frentepopulistas. A las dos de la madrugada del día 20 se desencadenó el primer ataque importante contra el cuartel. Se produjo un tiroteo continuo, con esporádicos bombardeos de artillería. Al amanecer del día 20, dos aviones procedentes de Getafe y Cuatro Vientos bombardearon el cuartel. A las ocho y media de la tarde fracasó una salida para tratar de unirse a las fuerzas de Campamento. Los defensores se rindieron, tras sufrir unas 500 bajas.
Los asaltantes rojos entraron en el recinto, llevando a cabo una matanza sobre hombres desarmados. Al menos 130 defensores fueron asesinados in situ. Fanjul fue hecho prisionero y conducido a la cárcel Modelo. El 15 de agosto de 1936 tuvo lugar la vista del juicio sumarísimo. Fanjul fue fusilado el 17 de agosto de 1936. Su hijo José Ignacio, teniente médico, fue asesinado el 23 de agosto en la Cárcel Modelo por milicianos afectos a la causa republicana.”
[1] https://www.sndeditores.com/libro/francisco-franco-sin-adjetivos_158908/
[2] Tras sus últimas actuaciones, fue nombrado General jefe de la Comandancia General de Canarias. En las elecciones generales de 1936 obtuvo el acta de Diputado por la provincia de Cuenca. Fue cesado el 1 de abril por anulación de las elecciones según dictamen de la Comisión de Actas, en un pucherazo el que hubo más ejemplos. Tras el triunfo del Frente Popular, fue cesado, quedó sin mando de tropa y fue destinado forzoso en Madrid.
por José-Ramón Ferrandis | 16 Jul 2025 | Libros, Países / Áreas geográficas
La lucha contra la corrupción es una obligación permanente, no importa el sistema político prevaleciente, en cualquier sociedad. En el caso de España, los esfuerzos por combatir este fenómeno han evolucionado a lo largo del tiempo, pasando de sistemas de control administrativo en la época imperial a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la actualidad. Los resultados están a la vista: la corrupción se ha hecho dueña y señora del ámbito político.
Quizá usted, lector, haya oído hablar del juicio de residencia. Es una institución en desuso, pero parecería como si resultara cada día más necesaria, dado que las de control existentes[1] han puesto de manifiesto su inutilidad. A la vista del desprecio infinito que los representantes pertenecientes a los partidos políticos hijos de la archifamosa y sobrevalorada Transición sienten por sus votantes, que se materializa en su abuso de posición dominante en la pirámide de poder, así como en un completo control y explotación de los recursos comunes, deviene una necesidad imperiosa reinstaurar esa manera de supervisar esos comportamientos o crear otra institución similar.
El objetivo del juicio de residencia era controlar a los oficiales públicos o mandatarios tras el desempeño de su función. Al cesar en el cargo, se incoaba una causa de oficio contra el funcionario saliente (el “residenciado”) que instruía un juez especial (el “juez de residencia”) para someter a revisión sus actuaciones. Se verificaban los cargos que hubiese en su contra. La causa terminaba con la correspondiente sentencia, que podía ser absolutoria o condenatoria, o bien el residenciado resultaba convicto de unos cargos y absuelto en otros. La idea subyacente, al cabo, era prevenir la corrupción y los excesos de los altos cargos, tendentes a los abusos de poder[2].
El juicio de residencia procede del imperio bizantino. Se recogió en las Partidas de Alfonso X el Sabio y luego, tras las Cortes de Burgos de 1308, en el Ordenamiento de Alcalá (1348). En la Corona de Aragón, a un procedimiento similar se lo denominó Purga de taula.
Los Reyes Católicos regularon su funcionamiento en las Cortes de Toledo (1480)[3] ordenando a corregidores, alcaldes, alguaciles y merinos hicieran residencia por 30 días, asegurándola mediante fianzas con las que, si fuera menester, se indemnizaría a los perjudicados. En 1500 dictaron la “Instrucción de Corregidores y Jueces de Residencia”. Posteriormente, la Nueva Recopilación de 1567 reguló su aplicación en los Virreinatos[4] y en la península[5]. En esta última, los juicios de residencia comenzaron a perder relevancia a finales del siglo XVIII, en el marco de las reformas borbónicas, cuando se introdujeron nuevos sistemas administrativos. En la España ultramarina, sin embargo, el juicio de residencia estuvo vigente hasta la independencia o secesión de los países en que se descompuso[6].
De hecho, varios juicios de residencia tuvieron gran relevancia y han pasado destacadamente a la Historia. Don Francisco de Bobadilla investigó en 1500 las quejas contra Cristóbal Colón y su familia. Como consecuencia, Colón fue arrestado, encadenado y enviado a España, tras de lo cual perdió el control de los territorios descubiertos. En otro juicio de residencia histórico, Hernán Cortés fue juzgado por abuso de poder, desobediencia a la Corona y malversación de bienes. El conquistador no fue encarcelado ni perdió todos sus bienes, pero su influencia política se redujo sustancialmente. Francisco Álvarez de Toledo, virrey del Perú entre 1569 y 1581 y gran administrador, enfrentó acusaciones por la dureza en relación con las reducciones indígenas. Se le sancionó, al tiempo que se ensalzó su labor.
El juicio de residencia presenta ventajas e inconvenientes. Entre las primeras, desde la perspectiva del enjuiciado, estimulaba el necesario autocontrol, básico para minimizar los efectos de una crítica fundada y una posterior sanción. Si el alto funcionario era absuelto, se le declaraba “buen ministro” y podía aspirar a cargos de mayor rango. Desde el punto de vista del interés general, permitía minimizar la actuación de altos funcionarios corruptos[7] y, en su caso, la reposición de lo injustamente adquirido por éste.
Entre los inconvenientes, los tratadistas del derecho de la época en que operó esta institución la consideraban proclive a su utilización política por envidia, venganza o simple sustitución en el puesto juzgado. Y en todo caso, a nadie se escapa que la efectividad del sistema dependía de la independencia de los organismos de control y fiscalización que rigieran, de la calidad ética de los tribunales y de la voluntad política para aplicarlos sin distinciones ni discriminaciones.
Volviendo a nuestros días, es evidente que la corrupción no sólo no decrece, sino que aumenta aritméticamente, en paralelo al número de instancias políticas capacitadas para incurrir en gastos y por tanto, en corrupción. Ese es el objetivo de la organización partitocrática actual en España y el éxito más rotundo los acompaña en su pretensión.
Es obvio que las medidas de control vigentes en España son insuficientes. Caben distintas soluciones, que serían todas ellas obstaculizadas por los partidos políticos turnistas, el PSOE y el PP, que han dado buena muestra de la corruptibilidad de sus representantes[8]. Sin duda, es necesario fortalecer los controles existentes. Igual los juicios de residencia, adaptados, podían ser de alguna ayuda. Eso sí, reduciendo previamente el número de políticos e instituciones en las que medran a la décima parte, aproximadamente. Menos políticos, menos corrupción y menor impunidad. Fácil.
[1] Existen actualmente mecanismos de rendición de cuentas (auditorías gubernamentales, comisiones parlamentarias de investigación y juicios por corrupción, cada una propia de uno de los poderes constitucionales), pero son claramente insuficientes y están permeadas por los partidos políticos, verdaderos garantes de que la situación permanezca como está.
[2] Aquí procede mencionar que el correcto funcionamiento de los juicios de residencia dependía, obviamente, de la probidad e imparcialidad de los jueces designados para gestionarlos.
[3] Quedando registrado en las Ordenanzas Reales.
[4] Otra de las fórmulas empleadas por la Corona para controlar a sus funcionarios, era a través de la inspección conocida por el apelativo de visita. La efectuaba un Veedor, nombrado por el rey, para investigar eventuales abusos cometidos por cualquier autoridad.
[5] La trayectoria inicial del juicio de residencia no es lineal, pues presenta períodos en los que su aplicación se simultaneaba con la pesquisa, la existencia de alcaldes veedores y los sistemas de supervisión de unos oficiales sobre otros, aunque se impuso a partir de las Cortes de Toledo de 1480.
[6] El juicio de residencia tuvo gran importancia en la administración americana. Afectaba a toda clase de funcionarios, desde virreyes hasta alguaciles. Toda autoridad, a la finalización de su cargo, debía ser sometida a un juicio de residencia. El juicio era sumario y público. Terminado el juicio, si la sentencia era favorable, la autoridad podía ascender en la línea de cargos; en cambio, si había cometido errores o ilegalidades, podía ser sancionado con una multa o la prohibición de por vida para ejercer nuevos cargos.
[7] Como ya hemos visto, una sanción tras el juicio de residencia suponía una mancha en el currículo del funcionario, quien quedaba así apartado de futuros puestos.
[8] Unos más que otros, sin embargo: en este ámbito, el PSOE es imbatible.
por José-Ramón Ferrandis | 13 Jul 2025 | Libros, Países / Áreas geográficas
Hoy, 13 de julio de 2025, se cumplen 89 años desde que ese mismo día, pero de 1936, “de madrugada, policías socialistas secuestraron en su domicilio al líder de la derecha parlamentaria en la II República[1] y lo asesinaron en la camioneta que lo transportaba. Los sicarios abandonaron su cadáver en el cementerio. El líder derechista se llamaba José Calvo-Sotelo[2] y su asesinato desencadenó la Guerra Civil que acabó con la República y con el Frente Popular.”
La frase entrecomillada aparece en la página 46 (versión papel) del libro “Franco sin adjetivos”. https://www.sndeditores.com/libro/francisco-franco-sin-adjetivos_158908/
[1] Por el partido Renovación Española.
[2] Calvo Sotelo era una persona de grandes capacidades intelectuales. Nació en Tuy (Pontevedra) el 6 de mayo de 1893. Se licenció en Derecho con media de Matrícula de Honor. En Madrid se doctoró en la Universidad Central. Recibió el Premio Extraordinario. En 1915 obtuvo una plaza de oficial letrado del Ministerio de Gracia y Justicia, por oposición. En 1916 sacó la oposición de Abogado del Estado, con el número 1 de su promoción y una puntuación sin precedentes. Colaboró en el diario católico El Noticiero y en Vida Ciudadana, órgano del maurismo en el Ateneo de Madrid. Su entrada en el Ateneo le permitió tomar parte activa en los debates que allí se celebraron, manteniendo sonadas polémicas con personas como Ángel Galarza, abogado y político socialista que fue fiscal general de la República y director general de Seguridad en los primeros años de la República, así como ministro de la Gobernación durante el primer año de la guerra civil, con Manuel Azaña.
Impulsó la mutualidad obrera maurista. En 1918 participó de la secretaría personal de Antonio Maura durante el gobierno de concentración que presidió éste en 1918. En 1919 obtuvo el acta de diputado por Carballino (Orense). En las Cortes criticó con severidad el caciquismo. Calvo Sotelo perdió su acta tras la crisis del de Gobierno de diciembre de 1920 y las posteriores elecciones. El asesinato de Eduardo Dato y el desastre de Annual posibilitaron que Maura volviera a la presidencia del Gobierno en agosto de 1921. Maura nombró a Calvo Sotelo gobernador civil de Valencia el 3 de septiembre, donde cesó en abril de 1922. Miguel Primo de Rivera lo nombró director general de la Administración (22 de diciembre de 1923). En ese puesto desarrolló una intensa labor. Impulsó y publicó en 1924 el Estatuto Municipal, que democratizó la vida local, incrementó las competencias de los municipios, sus posibilidades de mancomunación y sus competencias en aspectos sociales, así como su capacidad de endeudamiento y su hacienda.
En diciembre de 1925 fue nombrado ministro de Hacienda. Persiguió el fraude fiscal. Aumentó los tipos impositivos (junio de 1926) de la contribución territorial, con gran éxito de recaudación. En enero de 1927 presentó un proyecto de reforma fiscal que creaba el «Impuesto sobre rentas y ganancias» (antecedente directo del IRPF, que gravaba a los contribuyentes por sus ingresos, en una escala progresivamente creciente. No logró que se aprobara. La presión fiscal aumentó un 26% en 5 años, resultado nada desdeñable). Intentó la ordenación de la deuda pública existente; la financiación del ahorro público con emisiones de fondos públicos; la creación de un sistema bancario de tipo público especializado y el fomento del ahorro.
El gobierno utilizó el concepto de Presupuesto Extraordinario como herramienta para poner en marcha un amplio plan de obras públicas y servicios. Ese fondo se financiaría con emisión de deuda pública. Creó el Monopolio de Petróleos para distribuir combustibles, pero el plan era que CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Sociedad Anónima) operara adquiriendo yacimientos petrolíferos y construyendo una flota de petroleros, así como erigiendo refinerías. Creó el Banco Exterior de España, reestructuró el Banco de Crédito Local y reformó el Banco Hipotecario de España y el Banco de Crédito Industrial.
Tras la muerte de Primo de Rivera el 28 de enero de 1930, Calvo Sotelo participó en la creación, el 24 de marzo de 1930, de la Unión Monárquica Nacional, que se lanzó a una campaña de movilización social gigantesca en su ámbito político. Cayó el Gobierno Berenguer, sobrevinieron las elecciones municipales y la tarde del 14 de abril, Calvo Sotelo se exilió en Portugal. Calvo Sotelo se presentó a las elecciones de junio de 1931 por la provincia de Orense. No pudo regresar a España. Superó un absurdo suplicatorio en las Cortes relacionado con el Monopolio de Tabacos (Calvo Sotelo se había opuesto públicamente a la existencia de este monopolio). Fue elegido nuevamente diputado en las elecciones de 1933 por Orense y La Coruña, pero el partido Renovación española no quiso exigir su vuelta. Cuando se dictó una amnistía general referida a varias revueltas armadas, el 4 de mayo de 1933 volvió a Madrid. A pesar de los intentos de Juan Antonio Ansaldo y Julio Ruiz de Alda, Calvo Sotelo no se integró en Falange Española, sino en Renovación Española (Antonio Goicoechea). Calvo Sotelo envió a Ansaldo a hablar con los generales Franco, Fanjul y Goded para que se opusiesen a “un golpe de Estado presidencial”.
Los militares citados se mantuvieron dentro de la legalidad liderados por Francisco Franco, contrario a cualquier movimiento en sentido golpista. Alcalá-Zamora encargó formar gobierno a Manuel Portela Valladares. Calvo Sotelo lo denunció ante la comisión permanente de la Cámara, lo que obligó a Alcalá-Zamora a disolver las Cortes y convocar elecciones. La primera vuelta favoreció al Frente Popular y sus seguidores lo celebraron con algaradas y liberando a los condenados por el golpe de estado de octubre de 1934. Portela Valladares dimitió antes de la segunda vuelta y el 19 de febrero, Alcalá Zamora encargó formar gobierno a Manuel Azaña. Tras la segunda vuelta de las elecciones, consumado el fraude que se cuantifica en más de 50 actas robadas a los partidos de derecha, las nuevas Cortes anularon además varias actas de partidos de derechas por supuestas irregularidades, lo que tuvo como consecuencia una mayoría aún más amplia del Frente Popular. No pudieron con el acta de Calvo Sotelo, pero sí con la de Antonio Goicoechea. Ello provocó que Calvo Sotelo resultara el jefe parlamentario de la minoría monárquica en las Cortes.
El 15 de abril, Azaña presentó su programa de gobierno. El primer discurso de réplica fue el de José Calvo Sotelo, quien relató que, desde las elecciones se habían registrado más de cien muertos y quinientos heridos. Pidió a Azaña que mantuviera el orden. El 16 de junio, Calvo Sotelo se enfrentó fuertemente en las Cortes con Santiago Casares Quiroga, presidente del Consejo de ministros y ministro de la Guerra. Calvo Sotelo mostró que el gobierno daba un trato preferente a las milicias del Frente Popular frente al ejército y las fuerzas de seguridad. Casares respondió que, si parte del ejército se sublevara, Calvo Sotelo sería el responsable. La diputada Dolores Ibárruri afirmó que era una vergüenza que la República todavía no hubiese juzgado a Calvo Sotelo y a Martínez Anido por sus responsabilidades en la Dictadura de Primo de Rivera.
por José-Ramón Ferrandis | 10 Jul 2025 | Libros, Países / Áreas geográficas
Hoy, 10 de julio de 2025, conmemoramos que “el 10 de julio de 1962 Franco remodeló una vez más el gobierno. Fueron relevados seis ministros[1]. Hubo por primera vez un vicepresidente (Agustín Muñoz Grandes)[2], lo que permitió a Franco, ya con 69 años, centrarse en la Jefatura del Estado. El 14 de julio, en su primera reunión, el Consejo de ministros aprobó el proyecto de Ley de Bases para la ordenación del crédito y la banca, incluida la nacionalización del Banco de España y los restantes bancos oficiales.”
Las comillas se deben a que el párrafo se ha extraído del libro “Franco sin adjetivos” https://www.sndeditores.com/libro/francisco-franco-sin-adjetivos_158908/, concretamente de su Capítulo titulado “La vertebración jurídica y la evolución política del Estado”, página 105.
Por primera vez desde 1938, Franco cedía la vicepresidencia del gobierno a otra persona, el general Agustín Muñoz Grandes, de su total confianza. Los años no pasaban en balde.
En cuanto a los perfiles de los nuevos ministros, estaban abocados a una modernización acelerada del Estado, reflejo de los cambios que se producían en la sociedad. Comenzaba en puridad la “década prodigiosa” del Régimen, que iba a situar a España en el grupo de cabeza de las naciones más ricas del mundo.
[1] Entraron Pablo Martín Alonso (Ejército), el almirante Nieto Antúnez en Marina, Lacalle Larraga en el ministerio del Aire, Manuel Lora Tamayo en Educación y Jesús Romeo Gorría en Trabajo.
[2] Además, entró Gregorio López Bravo en Industria quien, junto con Navarro Rubio, Ullastres, Manuel Lora Tamayo (Educación) y Jesús Romeo Gorría (Trabajo), consolidó el grupo de los tecnócratas. Manuel Fraga Iribarne reemplazó a Arias-Salgado. En 1965, Navarro Rubio fue sustituido por Juan José Espinosa San Martín, Ullastres por Faustino García-Moncó, Federico Silva Muñoz entró como ministro de Obras Públicas y Laureano López Rodó pasó a ser ministro sin cartera. En 1967, Carrero Blanco sucedió a Muñoz Grandes como vicepresidente del gobierno.
por José-Ramón Ferrandis | 7 Jul 2025 | Países / Áreas geográficas
El 26 de junio de 2025, en un fallo[1] que pasará a la historia, el Tribunal o Corte Suprema de los EE. UU. dictaminó, en una votación de 6 contra 3[2], que el Estado de Carolina del Sur tiene derecho a no financiar a la empresa de abortos más grande del mundo, Planned Parenthood[3]. Dicho de otra forma, las reglas que rigen Medicaid[4] no otorgan a las personas el derecho a presentar demandas contra los Estados y, por tanto, a impugnar las opciones políticas y administrativas de un Estado.
El Estado de Carolina del Sur, que desde 2018 ha tratado de excluir a Planned Parenthood de su programa Medicaid porque mata a los bebés a través del aborto, ya puede hacerlo. Puede asignar fondos de Medicaid a la atención médica, en lugar de a entidades cuya función principal consiste en realizar abortos[5], como Planned Parenthood.
Los contribuyentes de Carolina del Sur ya no estarán obligados a financiar con ingentes cantidades[6] de dinero la industria del asesinato de bebés, principal causa de muerte en los Estados Unidos. Es una gran noticia, que no tiene vuelta atrás.
A partir de ahora, otros estados podrán actuar análogamente. Los criminales retroceden.
Y para enmarcar esta noticia en un entorno histórico y político adecuado, este es el enlace al programa de Alicia Rubio “Noticias de Mordor” del día 27 de junio en el que se habló con claridad, entre otras cosas, del aborto. Noticias de Mordor. Con Alicia Rubio. Victorias. Genocidios. Abortos tardíos. Pedófilos. MordorUNPFA. Clima cambiático. Saurónidas. Con José Ramón Ferrandis y Carlos Astiz https://go.ivoox.com/rf/151227713
[1] https://www.supremecourt.gov/opinions/24pdf/23-1275_e2pg.pdf
[2] Los jueces conservadores (John Roberts, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett, Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Samuel Alito) respaldaron la legitimidad de la decisión de Carolina del Sur de negarse a financiar a Planned Parenthood. Sus colegas progresistas (Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson) defendían la ilegitimidad de impedir la financiación a Planned Parenthood.
[3] Leí la noticia aquí Estados Unidos, la Corte Suprema: los estados pueden bloquear los fondos para el aborto – The New Daily Compass
[4] MEDICAID es el programa federal que proporciona atención médica a personas de bajos ingresos.
[5] Y luego vender órganos y miembros, como es sabido.
[6] La decisión se produce un mes después de que el Congreso de los Estados Unidos aprobara prohibir durante diez años todos los pagos federales a grupos que realicen abortos y reciban más de 1 millón de dólares en fondos federales en 2024. A esto puede seguir una votación en el Senado sobre la medida, que podría tener lugar a primeros de julio de 2025. Piénsese que el 16 de junio de 2025, el Comité de Finanzas del Senado publicó sus recomendaciones para reducir el despilfarro, el fraude y el abuso, incluyendo el fin de la financiación forzosa de la industria del aborto por parte de los contribuyentes. Planned Parenthood recibe casi 800 millones de dólares al año. Y hay más organizaciones similares.
