por José-Ramón Ferrandis | 22 Nov 2025 | Cambio climático, Países / Áreas geográficas
- Introducción
El 29 de octubre de 2024, fuertes lluvias comenzaron a caer sobre la dorsal de la Sierra de Javalambre y sus estribaciones de la Sierra de la Cabrera, ya en la provincia de Valencia.
Como consecuencia de esas precipitaciones, enormes cantidades de agua descendieron hacia el mar por los cauces de los ríos Turia, Magro y Júcar, así como por los barrancos del Poyo, La Saleta y Picassent. Incapaces de albergar la riada en sus límites, se desbordaron, arrasando poblaciones, campos de labor, polígonos industriales, carreteras, puentes y vías férreas en el amplio abanico de tierras bajas conocido por “Huerta Sur “ de Valencia.
En la fecha mencionada se midieron precipitaciones de 700 litros por metro cuadrado en algunos observatorios meteorológicos, superados por los 771 de Turís y seguidos por los 600 litros por metro cuadrado de Chiva, así como por cifras algo inferiores en Liria, Utiel y otras poblaciones. No fueron precipitaciones de récord, sin embargo, por lo que los caudales tampoco lo fueron. Con todo, el terreno fue incapaz de absorber esa enorme cantidad de agua y en esas tierras altas comenzó una escorrentía que no se detendría hasta llegar al Mediterráneo. La explicación orográfica es muy clara: Valencia desciende desde las montañas del interior hasta las playas con un gradiente claramente perceptible. El agua no duda a la hora de elegir su camino y se proyecta rápidamente hacia el nivel del mar.
Las aguas anegaron las tierras bajas de Valencia Sur y L´Horta. Valencia capital en sentido estricto y la zona Norte se libraron porque el nuevo cauce del río Turia construido tras la riada de 1957, llamado en su conjunto Solución Sur, absorbió la totalidad de la avenida, desaguando en la playa de Pinedo, al sur del puerto de Valencia. El nuevo cauce, calculado para asumir 5.000 metros cúbicos por segundo, encajó perfectamente el caudal de la riada y libró a Valencia de una catástrofe que hubiera dejado en mantillas la acontecida en 1957, pues la población, los vehículos y el mobiliario urbano multiplican en 2024 lo arrasado en aquella ocasión.
- Precedentes
El fenómeno de precipitaciones intensas en un plazo de tiempo corto en esta zona del mar Mediterráneo es recurrente. Tiene lugar durante el otoño, prácticamente cada año, pero usualmente sin desbordamientos catastróficos, los cuales tienen lugar a un ritmo medio de uno cada 25 años.
Por tanto, no es la primera vez que ocurre algo similar, ni mucho menos. Consta que entre 1321 y 2024 ha habido 27 grandes riadas. Por ejemplo, el botánico Antonio José Cavanilles describió en detalle las consecuencias del desbordamiento del Barranco del Poyo sobre Chiva en 1775. El cronista valenciano Vicente Boix hizo lo mismo con la “Riada de San Carlos”, que afectó a Alcira por desbordamiento del río Júcar en noviembre de 1864.
El 14 de octubre de 1957, un henchido río Turia desencadenó dos avenidas sucesivas, que dañaron gravemente la ciudad y acabaron con la vida de entre 80 y 90 personas que vivían en los distritos marítimos. Había estado lloviendo intensamente desde el 11 de octubre, con precipitaciones de hasta 300 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas. Durante la madrugada del 14 de octubre, el Turia comenzó a desbordarse, y lo hizo en dos ocasiones. La primera avenida alcanzó un caudal de 2.700 metros cúbicos por segundo e inundó los barrios más próximos al cauce. La segunda crecida, a mediodía, superó los 3.700 metros cúbicos por segundo, tres veces lo que el cauce habilitaba a su paso por la ciudad. El agua arrastró vehículos, mobiliario urbano y escombros. Edificios enteros colapsaron o quedaron seriamente dañados.
La construcción de pretiles de piedra a ambos lados del cauce, concebida tras sucesivas inundaciones en los siglos pasados, no pudo resolver el problema de las crecidas del Turia. Sí lo hizo el llamado Plan Sur o Solución Sur, aprobado en 1958, que construyó un nuevo cauce para el río Turia al sur de la ciudad excavando, revistiendo y dotando de servicios un tramo de 11.868 metros de longitud capaz de acoger hasta 5.000 metros cúbicos por segundo, volumen superior al de cualquiera de las riadas registradas anteriormente. Las obras comenzaron en 1964 y se completaron en 1972.
Más recientemente, el 20 de octubre de 1982, tuvo lugar la que se conoce como “pantanada de Tous”, por el nombre del embalse que reventó debido a las intensas y reiteradas lluvias y al gigantesco caudal que generaron. La pluviosidad fue entonces muy elevada, ciertamente superior a la reciente de 2024. La comarca de La Ribera quedó destruida, con avenidas que se estimaron de hasta 7.500 metros cúbicos por segundo, un 300% más de lo medido en esta reciente riada de octubre de 2024.
¿Por qué tiene lugar el fenómeno de las ”gotas frías” o DANAs, como se las conoce en nuestros días para generar un lenguaje novedoso definiendo un fenómeno idéntico? La razón meteorológica es siempre la misma: gigantescas masas de aire caliente procedentes de la evaporación en la superficie de un mar recalentado a finales del verano ascienden a altos niveles de la atmósfera, donde colisionan con corrientes de aire frio polar que descienden, aisladas, sobre la zona. El encuentro se produce a entre 5.000 y 10.000 metros de altura.
Si sobre la vertical existe un sistema montañoso, éste obliga al aire a elevarse y condensarse más rápidamente, lo que incrementa la gravedad del meteoro.
La resultante son nubes cargadas de agua que precipitan con violencia. El fenómeno es conocido por Gota Fría (traducción de Kaltlufttropfen) desde 1886. Después se la ha llamado “borrasca fría aislada”, para finalmente denominarla como DANA, acrónimo que obedece a “Depresión Aislada a Niveles Altos”.
- Consecuencias
Las inundaciones del 29 de octubre de 2024 mataron al menos a 239 personas (231 en la provincia de Valencia) muchas de ellas arrastradas en sus propios vehículos o presas en los garajes subterráneos de sus propias viviendas, rápidamente convertidos en pozos sin escapatoria.
16 poblaciones fueron arrasadas: Alacuás, Albal, Aldaya, Alfafar, Algemesí, Benetúser, Beniparrell, Catarroja, Chiva, Lugar Nuevo de la Corona, Masanasa, Paiporta, Picaña, Sedaví, Utiel y la pedanía de La Torre, junto a Valencia capital. En total, fueron 85 las localidades afectadas en mayor o menor medida, repartidas entre el altiplano de Utiel-Requena (Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Requena, Sinarcas y Utiel), el “Campo de Turia”, (Bétera, Liria, Loriguilla, Ribarroja del Turia y Villamarchante), la “Hoya de Buñol” (Alborache, la propia Buñol, Cheste, Chiva, Dos Aguas, Godelleta, Macastre, Siete Aguas y Yátova) y la “Huerta Sur”, donde quedaron muy afectadas Alacuás, Albal, Alcácer, Aldaya, Alfafar, Benetúser, Beniparrell, Catarroja, Chirivella, Cuart de Poblet, Lugar Nuevo de la Corona, Manises, Masanasa, Mislata, Paiporta, Paterna, Picaña, Picasent, Sedaví, Silla y Torrente.
En Los Serranos la destrucción afectó a Bugarra, Calles, Gestalgar, Pedralba y Sot de Chera. En las Riberas del Júcar se vieron afectadas Ribera del Júcar (Alta y Baja), Albalat de la Ribera, La Alcudia, Alfarp, Algemesí, Alginet, Almusafes, Alcira, Benicull, Benifayó, Benimodo, Carlet, Catadau, Corbera, Cullera, Fabara, Fortaleny, Guadasuar, Llaurí, Llombay, Montserrat, Montroy, Poliñá del Júcar, Puebla Larga, Real, Riola, Señera, Sollana, Sueca, Tous y Turís. En “La Safor” sufrió inundaciones Tabernes de Valldigna. En el entorno de Valencia-ciudad es decir, en parte de su área metropolitana, se inundaron Castellar-Oliveral, Faitanar, Horno de Alcedo, El Palmar, Pinedo, El Saler y, como ya hemos dicho, La Torre. En total, al menos 190.000 personas resultaron afectadas.
Las viviendas fueron las construcciones más maltratadas, incluyendo tanto sus garajes como los ascensores, que resultaron inundados, embarrados y finalmente inutilizados. Hasta 10.000 de ellos quedaron permanentemente fuera de servicio, con los consiguientes problemas para las personas de movilidad reducida.
Algunas viviendas quedaron tan afectadas que se hundieron total o parcialmente.
En el dominio público, varios puentes fueron derribados por la fuerza de las aguas, que venían acompañadas por restos de madera y cañas que se impide cortar de barrancos y ríos por imperativo de la Ley de Protección de la Huerta. La norma, de obligado cumplimiento, amenaza con fuertes multas si los agricultores limpian las vías fluviales como han venido haciendo desde tiempo inmemorial.
Concretamente 26 puentes resultaron dañados por la fuerza de las aguas, que utilizaban como ariete los restos de vegetación mencionados, los cuales tupían los ojos de los puentes y generaban una a modo de represa que contenía temporalmente las aguas, hasta que su fuerza hacía reventar la acumulación y una ola gigantesca se abalanzaba río abajo, arrasando todo a su paso. Ese fenómeno físico provocó la destrucción completa de varios puentes, destacando entre ellos un viaducto del by-pass de Valencia sobre la autovía A-7.
Por lo que a la red ferroviaria se refiere, hasta 427,3 kilómetros de vías férreas quedaron fuera de servicio, una cifra enorme. Adif cortó durante semanas la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Levante debido a los daños experimentados por las infraestructuras, incluyendo la inundación de varios túneles. Parte de la red de Cercanías quedó destruida y fuera de servicio durante meses.
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) hubo de interrumpir el servicio de toda la red de Metrovalencia, que engloba la red de metro y tranvía que da cobertura a la ciudad de Valencia, a su área metropolitana y a sus zonas de influencia, debido a los daños sufridos tanto en las infraestructuras como en su centro de operaciones, que resultó anegado.
Hasta 160 kilómetros de carreteras de titularidad estatal quedaron afectados. El tráfico quedó inmediatamente interrumpido por la avenida y, lamentablemente, muchos vehículos que estaban circulando en ese momento resultaron bloqueados. Numerosos conductores y viajeros quedaron atrapados dentro de los vehículos, con las funestas consecuencias que se conocieron posteriormente. Hasta 15 kilómetros de la autovía A-7 se vieron afectados, entre la salida de Valencia y la población de Silla. La autovía A-3 también sufrió daños en las proximidades de la ciudad. Lejos de ésta, en cotas mucho más altas, hubo de ser clausurado el tráfico en la zona de Chiva, Requena y Utiel por razón de los daños experimentados por la calzada.
Las vías que son de titularidad autonómica sumaron muchos más kilómetros con daños que las correspondientes al Estado, pues su extensión es considerablemente mayor. A estas dos categorías hay que añadir la red de caminos secundarios, que presentaba destrozos de diversa magnitud.
El conjunto de infraestructuras de comercio, transporte y servicios quedó destrozado en las zonas mencionadas.
No sólo fueron viviendas, cultivos, edificaciones de todo tipo, carreteras, puentes y vías de ferrocarril lo que la inundación dañó. Hizo algo más: destrozó unos 120.000 vehículos automóviles, en su mayoría particulares, tanto en sus garajes como en calles, carreteras y zonas inundadas, por hablar sólo en la provincia de Valencia.
Y finalmente, todos los residuos arrastrados por la riada se acumularon en las desembocaduras de los ríos y barrancos afectados, permaneciendo en algunos de ellos durante largo tiempo, sin que las autoridades de la Confederación Hidrográfica del Júcar adoptaran medidas para su retirada. Se trataba de todo tipo de residuos sólidos urbanos e industriales, así como de vegetación y de animales muertos, que permanecieron más de tres meses amontonados, alcanzando hasta cuatro metros de altura.
- Análisis
Las Gotas Frías son recurrentes en el área de Valencia. Han ocurrido siempre, ocurren ahora y seguirán haciéndolo en el futuro. Sabiendo esto, ¿por qué no se han tomado medidas para evitar un desastre anunciado, más allá de las que se arbitraron en 1958 durante el régimen de Francisco Franco, que han revelado su idoneidad?
Para encontrar la explicación hay que remontarse al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que llegó a la Moncloa a lomos del atentado del 11M de 2004 en Madrid, cuando nada lo hacía prever. En 2005 derogó el Plan Hidrológico Nacional, preparado por el anterior gobierno de José María Aznar, que contaba con financiación de la Unión Europea y estaba aprobado desde el año 2001. El plan Hidrológico Nacional no sólo contemplaba la creación de las infraestructuras necesarias para regular las avenidas en el Levante español, sino que preveía la conexión intercuencas, lo que posibilitaba transferir agua duce sobrante desde el Ebro hasta los ríos del Este y Sur mediterráneo, fundamentalmente Júcar y Segura, para potenciar el riego y la horticultura intensiva.
El gobierno del PSOE paralizó los procedimientos asociados a la puesta en funcionamiento del Plan Hidrológico e impidió la construcción de la presa de Cheste, el establecimiento de una nueva red de transvases, la canalización de los barrancos de desagüe existentes y las interconexiones diseñadas para comunicarlos, lo que en su conjunto hubiera mejorado sustancialmente la preparación de las cuencas para hacer frente a las riadas que sin duda acontecerían. Esa presa aguas arriba de Cheste, en el barranco del Poyo, hubiera sido fundamental para laminar las avenidas de 2024 y evitar los catastróficos daños humanos y materiales al cabo materializados.
Cuando el PSOE perdió el gobierno ante el PP de Rajoy en 2011, éste tampoco desarrolló los trabajos necesarios para recuperar los planes suspendidos por Rodríguez Zapatero. Como todo puede empeorar, la Ley 5/2018 de Protección de la Huerta antes mencionada hizo imposible la tradicional limpieza de los cauces, creando el caldo de cultivo para incrementar la mortalidad de la riada de octubre de 2024.
Ese es el marco objetivo en el que se han dado los hechos de finales de octubre de 2024, pero a esa referencia hay que añadir la letal dinámica de desinformación en que las instituciones encargadas de coordinar actuaciones incurrieron cuando las lluvias abocaron al rápido crecimiento de ríos y barrancos. A pesar de las grandes precipitaciones que se midieron aguas arriba, las poblaciones que se encontraban aguas abajo, donde en algunos casos no había caído una gota de lluvia, no fueron avisadas a tiempo de las avenidas que se aproximaban a gran velocidad, desbordando los cauces.
Esa inacción culposa pilló desprevenidos a los habitantes de las poblaciones situadas en zonas inundables, muchos de los cuales optaron por intentar sacar sus vehículos de los garajes subterráneos en que se hallaban o por ponerlos a salvo escapando de los primeros desbordamientos visibles. Fue un error fatal, que abocó a muchos de esos conductores a una muerte terrible que simplemente con información podía haberse evitado.
Pero hay más. Cuando las inundaciones de ese mes de octubre de 2024 tuvieron lugar, el gobierno socialista en España (dirigido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón) impidió que llegara la ayuda internacional a los damnificados y apenas proporcionó medios de apoyo, como bomberos, policía y ejército, prohibiendo expresamente a estos últimos acudir en auxilio de las poblaciones afectadas. Ello posibilitó una mayor mortandad inmediata y el posterior debilitamiento de la salud general de la población y del estado de las infraestructuras afectadas. Y lo hizo por cálculo político, para poder culpar de los hechos al gobierno autonómico, que era del otro principal partido del sistema, el Partido Popular.
Fue un juego inicuo cuyo objetivo era ganar posicionamiento en el arco político vigente. El gobierno del Estado antepuso sus objetivos de poder a su obligación de velar por el bien de los ciudadanos y ayudar a la población a superar los problemas derivados de la inepcia de éste y anteriores gobiernos, fundamentalmente socialistas. Esta forma de actuar constituyó el cierre del círculo que maximizó los daños contra la población.
Es necesario insistir en que el gobierno de la Nación respondió tarde o de forma negligente, desde luego, pero sobre todo, lo hizo con dolo. Hubo una cadena de órdenes para abrir presas sin previo aviso para minimizar la posibilidad de rotura y hubo órdenes para negar el rescate después de la catástrofe. Se condenó institucionalmente a una larga agonía durante semanas a miles de españoles, cuya única ayuda provino de la población circundante. Y como colofón, casi tres meses después del desastre (es decir, a mediados de enero de 2025), el gobierno no había solicitado a la Comisión Europea acceder al fondo de solidaridad previsto para hacer frente a los efectos de las catástrofes. Su dotación excede de los 1.500 millones de euros para toda la Unión, pero está a disposición de quienes lo precisen. No lo había solicitado, pero había dicho reiteradas veces que sí lo había hecho. Ya saben, “si quieren ayuda, que la pidan”.
Es muy ilustrativo contrastar las actuaciones oficiales acontecidas en esta Gota Fría de 2024 con lo realizado por las autoridades que se encontraban al frente de la administración del Estado cuando tuvo lugar una muy anterior Gota Fría de alcance análogamente destructivo, que no fue el derivado de la rotura de la presa de Tous, sino muy anterior. Como van a ver, la comparación no favorece en absoluto al gobierno socialista encabezado por el presidente Sánchez.
Veamos lo que aconteció a mediados del Siglo XX en la misma zona geográfica tras unas precipitaciones catastróficas similares.
Francisco Franco, jefe del Estado y asimismo jefe del Gobierno, que el 14 de octubre de 1957 se encontraba de visita oficial en Barcelona, apenas supo de la catástrofe que había tenido lugar en Valencia, bajó en automóvil hacia la capital del Turia. Durante el trayecto ordenó que los camiones pesados que acababan de terminar los trabajos portuarios de la base militar conjunta de Rota fueran a Valencia (con autorización de los EE. UU., quien los había proporcionado) para efectuar labores inmediatas de desescombro.
Paralelamente, ordenó desplegar numerosas unidades del ejército para llevar alimentos y agua a la población, retirar despojos y limpiar el barro; no las retiró hasta que hubieron terminado el trabajo. Acogió a las familias que habían perdido su casa, ubicándolas en instalaciones dedicadas a ese fin. Y finalmente, ordenó diseñar un plan de desvío del río Turia, creando desde cero un nuevo cauce de casi 12 kilómetros de longitud para evitar que inundaciones similares a la que acababa de sufrir la ciudad de Valencia pudieran producir análogos efectos en el futuro. Y lo consiguió, como hemos podido apreciar 67 años después. Gobernar es prever y actuar.
En 2024, sin embargo, desde la perspectiva de la gestión relacionada con la Gota Fría, la descoordinación y el enfrentamiento prevalecieron antes, durante y después de las inundaciones. Los choques interpartidistas tuvieron lugar desde el primer momento, aprovechando que las instituciones implicadas en las labores de rescate se hallaban en diferentes manos, hablando desde la perspectiva del enfoque político partidista.
Ese conflicto evidenció que el proceso de descomposición de la unidad del Estado español para fragmentarlo en 17 comunidades a la manera de reinos de Taifas interrumpe siempre la línea de mando y genera disfunciones que, a veces, como en este caso, desencadena consecuencias irreparables.
Si a eso se suma la completa politización de las instituciones y de los organismos encargados de hacer frente a la gestión técnica de las áreas en que se halla la resolución de los problemas, hecho que aboca a nombramientos de personas sin formación en puestos directivos, el desastre sólo espera que las circunstancias lo desencadenen. Y como bien sabemos, las circunstancias hicieron acto de presencia con fuerza.
A finales de octubre de 2024, la Naturaleza, que opera de manera cíclica, posibilitó la irrupción de lluvias torrenciales que provocaron una catástrofe. Ya había pasado antes, con una cadencia media típica de una vez cada 25 años, y sin duda alguna, volverá a pasar. El gobierno actual no está tomando medidas para evitar las consecuencias de una nueva “Gota Fría”, aun a sabiendas de que éstas recaerán nuevamente sobre la población de la zona: sabe que no le corresponderá hacerles frente y que las consecuencias no caerán sobre él.
Es inevitable concluir que a quienes ocupan los puestos de mando no les importa la suerte que corran los ciudadanos a su cargo. Los políticos en el poder no están en él para procurar el bien común sino el suyo propio. Se han alzado con el santo y la limosna.
por José-Ramón Ferrandis | 18 Nov 2025 | Cambio climático, Países / Áreas geográficas
- Análisis
Las Gotas Frías son recurrentes en el área de Valencia. Han ocurrido siempre, ocurren ahora y seguirán haciéndolo en el futuro. Sabiendo esto, ¿por qué no se han tomado medidas para evitar un desastre anunciado, más allá de las que se arbitraron en 1958 durante el régimen de Francisco Franco, que han revelado su idoneidad?
Para encontrar la explicación hay que remontarse al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que llegó a la Moncloa a lomos del atentado del 11M de 2004 en Madrid, cuando nada lo hacía prever. En 2005 derogó el Plan Hidrológico Nacional, preparado por el anterior gobierno de José María Aznar, que contaba con financiación de la Unión Europea y estaba aprobado desde el año 2001. El plan Hidrológico Nacional no sólo contemplaba la creación de las infraestructuras necesarias para regular las avenidas en el Levante español, sino que preveía la conexión intercuencas, lo que posibilitaba transferir agua duce sobrante desde el Ebro hasta los ríos del Este y Sur mediterráneo, fundamentalmente Júcar y Segura, para potenciar el riego y la horticultura intensiva.
El gobierno del PSOE paralizó los procedimientos asociados a la puesta en funcionamiento del Plan Hidrológico e impidió la construcción de la presa de Cheste, el establecimiento de una nueva red de transvases, la canalización de los barrancos de desagüe existentes y las interconexiones diseñadas para comunicarlos, lo que en su conjunto hubiera mejorado sustancialmente la preparación de las cuencas para hacer frente a las riadas que sin duda acontecerían. Esa presa aguas arriba de Cheste, en el barranco del Poyo, hubiera sido fundamental para laminar las avenidas de 2024 y evitar los catastróficos daños humanos y materiales al cabo materializados.
Cuando el PSOE perdió el gobierno ante el PP de Rajoy en 2011, éste tampoco desarrolló los trabajos necesarios para recuperar los planes suspendidos por Rodríguez Zapatero. Como todo puede empeorar, la Ley 5/2018 de Protección de la Huerta antes mencionada hizo imposible la tradicional limpieza de los cauces, creando el caldo de cultivo para incrementar la mortalidad de la riada de octubre de 2024.
Ese es el marco objetivo en el que se han dado los hechos de finales de octubre de 2024, pero a esa referencia hay que añadir la letal dinámica de desinformación en que las instituciones encargadas de coordinar actuaciones incurrieron cuando las lluvias abocaron al rápido crecimiento de ríos y barrancos. A pesar de las grandes precipitaciones que se midieron aguas arriba, las poblaciones que se encontraban aguas abajo, donde en algunos casos no había caído una gota de lluvia, no fueron avisadas a tiempo de las avenidas que se aproximaban a gran velocidad, desbordando los cauces.
Esa inacción culposa pilló desprevenidos a los habitantes de las poblaciones situadas en zonas inundables, muchos de los cuales optaron por intentar sacar sus vehículos de los garajes subterráneos en que se hallaban o por ponerlos a salvo escapando de los primeros desbordamientos visibles. Fue un error fatal, que abocó a muchos de esos conductores a una muerte terrible que simplemente con información podía haberse evitado.
Pero hay más. Cuando las inundaciones de ese mes de octubre de 2024 tuvieron lugar, el gobierno socialista en España (dirigido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón) impidió que llegara la ayuda internacional a los damnificados y apenas proporcionó medios de apoyo, como bomberos, policía y ejército, prohibiendo expresamente a estos últimos acudir en auxilio de las poblaciones afectadas. Ello posibilitó una mayor mortandad inmediata y el posterior debilitamiento de la salud general de la población y del estado de las infraestructuras afectadas. Y lo hizo por cálculo político, para poder culpar de los hechos al gobierno autonómico, que era del otro principal partido del sistema, el Partido Popular.
Fue un juego inicuo cuyo objetivo era ganar posicionamiento en el arco político vigente. El gobierno del Estado antepuso sus objetivos de poder a su obligación de velar por el bien de los ciudadanos y ayudar a la población a superar los problemas derivados de la inepcia de éste y anteriores gobiernos, fundamentalmente socialistas. Esta forma de actuar constituyó el cierre del círculo que maximizó los daños contra la población.
Es necesario insistir en que el gobierno de la Nación respondió tarde o de forma negligente, desde luego, pero sobre todo, lo hizo con dolo. Hubo una cadena de órdenes para abrir presas sin previo aviso para minimizar la posibilidad de rotura y hubo órdenes para negar el rescate después de la catástrofe. Se condenó institucionalmente a una larga agonía durante semanas a miles de españoles, cuya única ayuda provino de la población circundante. Y como colofón, casi tres meses después del desastre (es decir, a mediados de enero de 2025), el gobierno no había solicitado a la Comisión Europea acceder al fondo de solidaridad previsto para hacer frente a los efectos de las catástrofes. Su dotación excede de los 1.500 millones de euros para toda la Unión, pero está a disposición de quienes lo precisen. No lo había solicitado, pero había dicho reiteradas veces que sí lo había hecho. Ya saben, “si quieren ayuda, que la pidan”.
Es muy ilustrativo contrastar las actuaciones oficiales acontecidas en esta Gota Fría de 2024 con lo realizado por las autoridades que se encontraban al frente de la administración del Estado cuando tuvo lugar una muy anterior Gota Fría de alcance análogamente destructivo, que no fue el derivado de la rotura de la presa de Tous, sino muy anterior. Como van a ver, la comparación no favorece en absoluto al gobierno socialista encabezado por el presidente Sánchez.
Veamos lo que aconteció a mediados del Siglo XX en la misma zona geográfica tras unas precipitaciones catastróficas similares.
Francisco Franco, jefe del Estado y asimismo jefe del Gobierno, que el 14 de octubre de 1957 se encontraba de visita oficial en Barcelona, apenas supo de la catástrofe que había tenido lugar en Valencia, bajó en automóvil hacia la capital del Turia. Durante el trayecto ordenó que los camiones pesados que acababan de terminar los trabajos portuarios de la base militar conjunta de Rota fueran a Valencia (con autorización de los EE. UU., quien los había proporcionado) para efectuar labores inmediatas de desescombro.
Paralelamente, ordenó desplegar numerosas unidades del ejército para llevar alimentos y agua a la población, retirar despojos y limpiar el barro; no las retiró hasta que hubieron terminado el trabajo. Acogió a las familias que habían perdido su casa, ubicándolas en instalaciones dedicadas a ese fin. Y finalmente, ordenó diseñar un plan de desvío del río Turia, creando desde cero un nuevo cauce de casi 12 kilómetros de longitud para evitar que inundaciones similares a la que acababa de sufrir la ciudad de Valencia pudieran producir análogos efectos en el futuro. Y lo consiguió, como hemos podido apreciar 67 años después. Gobernar es prever y actuar.
En 2024, sin embargo, desde la perspectiva de la gestión relacionada con la Gota Fría, la descoordinación y el enfrentamiento prevalecieron antes, durante y después de las inundaciones. Los choques interpartidistas tuvieron lugar desde el primer momento, aprovechando que las instituciones implicadas en las labores de rescate se hallaban en diferentes manos, hablando desde la perspectiva del enfoque político partidista.
Ese conflicto evidenció que el proceso de descomposición de la unidad del Estado español para fragmentarlo en 17 comunidades a la manera de reinos de Taifas interrumpe siempre la línea de mando y genera disfunciones que, a veces, como en este caso, desencadena consecuencias irreparables.
Si a eso se suma la completa politización de las instituciones y de los organismos encargados de hacer frente a la gestión técnica de las áreas en que se halla la resolución de los problemas, hecho que aboca a nombramientos de personas sin formación en puestos directivos, el desastre sólo espera que las circunstancias lo desencadenen. Y como bien sabemos, las circunstancias hicieron acto de presencia con fuerza.
A finales de octubre de 2024, la Naturaleza, que opera de manera cíclica, posibilitó la irrupción de lluvias torrenciales que provocaron una catástrofe. Ya había pasado antes, con una cadencia media típica de una vez cada 25 años, y sin duda alguna, volverá a pasar. El gobierno actual no está tomando medidas para evitar las consecuencias de una nueva “Gota Fría”, aun a sabiendas de que éstas recaerán nuevamente sobre la población de la zona: sabe que no le corresponderá hacerles frente y que las consecuencias no caerán sobre él.
Es inevitable concluir que a quienes ocupan los puestos de mando no les importa la suerte que corran los ciudadanos a su cargo. Los políticos en el poder no están en él para procurar el bien común sino el suyo propio. Se han alzado con el santo y la limosna.