Desde hace años, la Comisión de la Unión Europea contiende con el gobierno húngaro sobre dos asuntos inconexos entre sí, levantados por la propia Comisión. Formalmente, uno es la corrupción[1], en genérico. El otro es el incumplimiento de una larga lista de objetivos relacionados con el poder judicial que Bruselas quiere imponer a Budapest.
No todo queda en el ámbito de la oratoria. Sabiéndose superior, la Comisión ha amenazado con congelar € 7.500 M de fondos regionales[2] y bloquear € 5.800 M del fondo anticrisis[3]. Y lo condiciona a la satisfacción de 27 puntos[4] concretos, relativos sobre todo a la independencia judicial[5], que el ejecutivo húngaro debería poner en práctica. Se trata de un chantaje en toda regla[6].
La exigencia no es nueva. De hecho, el gobierno húngaro de Viktor Orbán, que lleva tiempo con esto a cuestas, ha presentado avances[7] en muchos puntos, avances que la Comisión considera insuficientes[8], por lo que ha puesto en manos del ECOFIN[9] la decisión final sobre la congelación de los € 7.500 M.
Esto no es todo: Hungría arriesga mucho[10], pero su presidente juega duro: afirma que, detrás de las exigencias de Bruselas se halla la apertura de fronteras a los inmigrantes ilegales[11] y el apoyo de las medidas contra Rusia por la invasión de Ucraina. En otras palabras, son razones políticas y no técnicas las que animan a la Comisión.
¿Será verdad? Orbán, de momento, se ha descolgado con esto: “Bruselas exige la apertura de nuestras fronteras a los (in)migrantes, pero nosotros no lo haremos; exige la introducción en nuestras escuelas de su propaganda sexual, pero nosotros no lo haremos; la UE también exige el apoyo incondicional a las sanciones y a la guerra (contra Moscú), pero esto tampoco lo haremos”. Esto es política de Estado, en efecto. La valoración que merezca es otra cosa. Viktor Orbán es un veterano. Sabe cómo funciona en realidad la UE.
La situación es difícil, aunque no complicada. Las cartas están sobre la mesa. Si la Comisión de la UE ha bloqueado pagos a Hungría, ésta ha vetado dos importantes medidas que requieren unanimidad de los EEMM. Una, prestar € 18.000 M a Ucraina, que supone nuevas emisiones de deuda, avaladas por el presupuesto comunitario[12]. Otra, la adopción de un impuesto de sociedades mínimo del 15% a las empresas multinacionales que operen en la UE. El 6 de diciembre, el ECOFIN ha encallado por el veto húngaro. Orbán utiliza sus armas. Y no va a levantar ese veto a menos que la Comisión negocie levantar el suyo[13]. Y como el Parlamento Europeo está también de por medio[14], esto se complica. Finalmente, el Consejo tiene hasta el 19 de diciembre (de 2022) para tomar asimismo cartas en el asunto.
Habrá una negociación[15]. Todo el mundo en la UE lo sabe. Habrá acuerdo. Lo que nadie sabe es cómo se concretará. Hungría se ha comprometido a cumplir las 17 medidas, entre ellas las reformas legales vinculadas con la independencia judicial. La Comisión insiste en que hasta que no estén cumplidos los 27 hitos no habrá desembolsos. Es una posición dura, bienvenida tanto por la oposición húngara[16] como por los rojiverdes alemanes[17].
En el ECOFIN del 6 de diciembre de 2022, Alemania, Francia e Italia dijeron que quieren un informe de la Comisión sobre los avances de Hungría desde el 19 de noviembre pasado sobre las 17 medidas. Una vez entregado ese informe, los ministros lo valorarán. Algunos EEMM aseguran que no aprobarán los desembolsos a Hungría si ésta no levanta su veto. Ya se verá. De momento, el ECOFIN ha fracasado. Orbán condiciona oficialmente su apoyo a que no se congelen sus Fondos de Cohesión. Si nada se resuelve por videoconferencia de un nuevo ECOFIN, el asunto pasará al Consejo Europeo de jefes de Estado y de Gobierno que se ven en Bruselas el 14 y 15 de este mismo mes.
Orbán tiene otros problemas, que determinan su postura. Depende de los hidrocarburos rusos. Tiene desencuentros con Ucraina desde hace años por la minoría magiar allí, cuyos derechos no se respetarían. Pero posee derecho de veto, así que lo está utilizando. Ahora negocian Emmanuel Macron y Olaf Scholz, que se han visto con Orbán en la cumbre informal de Albania.
Visto. Wait and see.
Todo esto está claro, pero la situación de la independencia del poder judicial en España es mucho peor que la de Hungría y la Comisión calla. La Comisión acorrala a Hungría porque ésta protege a su infancia y deja que las autoridades españolas del momento se adueñen del espacio educativo infantil y juvenil con sus proclamas corrosivas y criminales sin decir esta boca es mía[18]. Ni abrió la boca cuando la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y demás elaboró y distribuyó en miles de colegios en España la Guía de Familias, simplemente pornográfica.
Lo del poder judicial merece más comentario. España está en peor posición que Hungría en relación con la separación de poderes. El Ejecutivo socialista está llevando a cabo[19] su plan para el asalto a la independencia judicial. Ha invadido la Fiscalía General del Estado, acosa al Consejo General del Poder Judicial y el propio presidente Sánchez ha propuesto para el Tribunal Constitucional (TC) a su exministro de Justicia, Juan Carlos Campo y su exdirectora de Presidencia, Laura Díez[20].
Sánchez pretende controlar el TC para aplicar sin cortapisas sus políticas antidemocráticas y autoritarias. Distintas asociaciones del ámbito de la carrera judicial se han dirigido a la Comisión Europea para denunciar la situación en la que se encuentra el poder judicial español sin que Bruselas haya amenazado a España con congelar los fondos que le corresponden, ni nada que se le asemeje[21]. La presión sobre Budapest la ejerce el titular de Justicia, el belga Didier Reynders, un experto en manejar la doble vara de medir según se trate de España o de Hungría. En septiembre de 2022, de visita en Madrid, obtuvo un compromiso muy laxo del Gobierno en lo referido a la renovación del Consejo General del Poder Judicial[22]. Y se lo tragó sin chistar. La Comisión de la UE, que acosa y persigue a los gobiernos de Hungría y Polonia por supuestos ataques a la democracia y a la independencia judicial, calla ante los desmanes socialcomunistas del gobierno de España. A los conservadores, ni agua. A los progres, lo que quieran.
Muy recientemente, en plena polémica sobre la designación gubernativa del exministro Juan Carlos Campo para ocupar una plaza en el Tribunal Constitucional (TC), Reynders declaró que España “no es el único país en nombrar exministros” para organismos similares. Aunque es obvio que el presidente Sánchez trata de controlar al TC para avanzar en su agenda destructiva habilitando una futura tolerancia a los delitos de sedición de los independentistas catalanes, sus valiosos socios de gobierno, Bruselas calla.
Hace dos años, en noviembre de 2020, la ministra húngara de Justicia, Judit Varga, aseguraba que “no somos nosotros los que criticamos a los Estados miembros donde […] el Gobierno instruye directamente a la fiscalía, o donde los jueces son nombrados por actores políticos, sino que son ellos los que nos critican”. Hablaba de España. La cosa viene de lejos. En esa época la Comisión ya amenazaba con suspensiones de los fondos destinados a Hungría por la Independencia de los jueces húngaros.
Esto es una mascarada. Ahórrennosla. España es miembro de la Unión Europea y seguirá siéndolo porque no nos queda otra al haber entrado en el Euro[23]. Además, una Unión como es debido, equilibrada, decente, incorruptible, sería una bendición para todos, no sólo para Francia y Alemania, además de para los biempagaos burocratillas de Bruselas. Los EEMM deben mantener íntegra su soberanía fiscal, militar y judicial, sin injerencias, sin asimetrías y sin preferencias izquierdistas tan estúpidas como irresponsables.
La UE YA es un segundón en el escenario mundial, antaño dominado por el enfrentamiento entre los EE. UU. y la URSS y hoy día por el reciente entre los EE. UU. y la RP China. Europa como un todo viene perdiendo pie desde 1945; la Unión Europea, desde que se creyó capaz de erigir un imperio capaz de tratar de tú a tú a los grandes, es un fiasco burocrático colosal.
Quienes pertenecemos a ese constructo que todavía discute qué es institucionalmente, necesitamos que quienes rigen la UE dejen de lado la corrupción sistémica en la que están inmersos, blinden nuestras fronteras contra invasiones silenciosas, recuperen siquiera los rudimentos de la civilización cristiana que dio a luz a la Comunidad Económica Europea y generen la ilusión necesaria para que la población autóctona alcance y supere el nivel de mantenimiento demográfico. Los analistas geoestratégicos harían bien en sopesar la importancia de los poderes hegemónicos, los emergentes y los declinantes sin equivocarse tanto. La energía es el corazón de las economías y cualquier concesión irrisoria a planteamientos woke acabará con las entidades que las asuman.
La deuda pública tiene que ser reducida, los gobiernos deben adelgazar los Estados y hay que reordenar las prioridades sin ampliar incesantemente competencias y regulaciones en lugar de preocuparse por meterse en las cocinas de los EEMM y de sus ciudadanos y sus costumbres. La soberanía es de los EEMM. ¿Qué es lo que no entienden de eso? Y dejen de regalar recursos financieros a terceros que siempre pedirán más, acusando a los EEMM de viejos agravios.
Como cuando estalló la crisis de 2008, basta ya de cacarear más Europa. Más seriedad, oiga. Dejen de huir hacia adelante.
[1] No se trata de creerse a pies juntillas que, en Hungría, la corrupción alcance niveles mayores que en otros países de la Unión Europea. De hecho, si acudimos a las tablas de Transparency International, cuya reputación y fiabilidad las hace referencias, construidas para el último año disponible, 2020, https://www.transparency.org/en/cpi/2021?gclid=CjwKCAiAs8acBhA1EiwAgRFdw4uKnl1DCDsehblu5ZD8VkafodEjFYvMy-Ub74V8zNVRthUTuSrujBoC5UkQAvD_BwE se aprecia cómo los antiguos Estados comunistas ocupan las últimas plazas de la UE, es decir, las que revelan una mayor corrupción. Nada que nos sorprenda por ese lado, aunque sí que la Comisión la haya tomado con Hungría y no con Bulgaria y Rumanía, con el mismo nivel de corrupción, no tan lejos de Croacia, Eslovaquia, Grecia, Malta y, ¡oh sorpresa!, Italia. La Comisión utiliza el argumento de la corrupción para vestir el muñeco con más ropajes de los que éste tiene. No es preciso, y diría más, es contraproducente. Pierde seriedad y abre portillos gratis a la defensa húngara.
[2] Del Pilar de Cohesión, en neolengua. La cosa es dura para Hungría, pues la amenaza de congelación (o sea, de impago de los compromisos asumidos por la Comisión: más neolengua) se eleva a 22.500 M hasta 2027.
[3] Hacía meses que se estaba difiriendo esta asignación del Post-COVID Recovery Plan. El 3.12.2022 se aprueba, pero se suspende su entrega. «Desgraciadamente, Hungría no ha aplicado las medidas de corrección para que podamos decir que el riesgo que identificamos ha desaparecido. Por lo tanto, hemos concluido que mantenemos nuestra propuesta sobre las medidas de protección presupuestaria». Esto lo ha cacareado el comisario europeo de Presupuesto, Johannes Hahn.
[4] Los 27 puntos o reformas incluyen los 17 ya negociados como parte de la condicionalidad del “imperio de la Ley”, las reformas para reforzar la independencia judicial y las nuevas normas sobre auditoria e información sobre los fondos de la UE.
[5] ¿Les suena? Pues esperen.
[6] Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión, afirma taxativo que “los 27 hitos (puntos, milestones) deben cumplirse en su totalidad antes de que Hungría solicite los pagos debidos. En resumen, no habrá fondos hasta que no se cumplan los 27 puntos”. Y cualquier marcha atrás en esos puntos bloqueará cualquier pago subsiguiente.
[7] «Confío en que cumplamos nuestros compromisos restantes con la misma precisión y minuciosidad que hasta ahora y que podamos convencer en 2023 a la Comisión y al Consejo de que ya no es necesario mantener la suspensión». Tibor Navracsics, ministro de Desarrollo Regional de Hungría.
[8] Seguimos con la neolengua: “La Comisión considera que, aun con los pasos dados, sigue habiendo un riesgo continuado para el presupuesto europeo porque las medidas correctivas necesarias son de naturaleza estructural u horizontal”.
[9] Es decir, los ministros de Economía y Finanzas de los 27, colegiados.
[10] Mucho, ciertamente. Hungría necesita los fondos europeos. Los 13.000 millones congelados hasta que el Gobierno apruebe las impuestas reformas pendientes son fundamentales para la economía húngara.
[11] Más neolengua; a los inmigrantes, la progresía (y la Comisión, su madre putativa) les llama migrantes.
[12] No es por no poner fondos. El gobierno de Hungría ha confirmado que proporcionaría a Ucraina € 187 M, que es lo que corresponde a Hungría en el reparto de la cifra conjunta bloqueada. La Comisión tiene una alternativa para sortear el veto de Hungría a la ayuda de 18.000 millones de euros para Ucrania en 2023: recurrir a avales nacionales, lo que les permitiría evadir la unanimidad y hacerlo desde los 26, en el supuesto de que no haya defecciones adicionales.
[13] Es curioso esto; algunos EEMM llaman chantaje a la actuación de Hungría, pero no lo hacen con la actuación de la Comisión. Asimetría fundamental se llama esa figura. Sale a cuenta ir en las filas del poderoso. El caso de Petri Sarvamaa, finlandés miembro del Parlamento Europeo, (control presupuestario) es notable. Celebra la decisión de la Comisión de congelar los fondos, denominándola “»historic moment for the rule of law». Lo dejo en inglés para que no impacte tanto el pretencioso aserto, aunque, bien mirado, es la primera vez que Bruselas aplica el que llama mecanismo del Estado de derecho, nueva herramienta para burócratas que le permite retener la financiación cuando detecta riesgos sistémicos un Estado miembro. Curiosamente, en abril de 2022, dos días después de la cuarta mayoría consecutiva obtenida en las elecciones generales húngaras por el primer ministro Viktor Orbán, la Comisión anunció que utilizaría el mecanismo contra Hungría. Casualidad, sin duda. Siempre que se llame Hungría, claro, Porque si se llama España, entonces no. El gobierno español es progre, el húngaro no. La doble vara de medir.
[14] Los parlamentarios de la UE votaron mayoritariamente a primeros de diciembre una resolución para congelar los fondos destinados a Hungría: 416 votos a favor y 124 en contra.
[15] No va a ser fácil. La Comisión sigue ciega ante la realidad, a pesar de los revolcones energéticos que sus EEMM se están llevando tanto por su propia estulticia como por la inepcia de la Comisión, adalid de la suicida Agenda 2030. Vean lo que dice, en el idioma del único EM que la ha abandonado, por el momento: “The Commission’s assessment … found that Hungarian plan devotes 48.1% of its total allocation to measures that support the climate objective. The implementation of Hungary’s plan is expected to contribute significantly to the REPowerEU objectives to rapidly reduce dependence on Russian fossil fuels and fast-forward the decarbonisation of Hungary’s economy, with a wide range of reforms in the field of sustainable transport, energy, water management and the circular economy”. Están profundamente tarados.
[16] La oposición húngara ha celebrado la situación. «En los últimos diez años han llegado a Hungría miles de millones de euros, pero la sanidad está en peor situación que hace diez años, la educación está en peor situación, la competitividad del país no ha aumentado, porque todos estos fondos han ido a parar a tres o cuatro oligarcas. Ahora con esta decisión podemos detener este proceso», ha defendido la eurodiputada de los socialdemócratas, Klara Dobrev, con gran precisión. Debe ser por eso por lo que los húngaros llevan cuatro elecciones generales consecutivas eligiendo a Orbán.
[17] Daniel Freund, eurodiputado alemán del Partido Verde, afirma con absoluta falta de seriedad: «Deberían haber congelado todos los fondos europeos por ahora, porque sabemos que todos los programas y todas las partidas presupuestarias son objetivo de la corrupción de Orbán, sus amigos y su familia. Y entonces, por supuesto, lo que necesitamos es un plan ambicioso para reparar el Estado de derecho, para reparar el gasto de dinero en Hungría para que no haya más corrupción.» Se trata de un adulto en el Parlamento Europeo, se lo aseguro. Por su edad, al menos.
[18] Bueno, sí lo dice. El 15 de julio de 2021, la Comisión Europea abrió un procedimiento contra Hungría en relación con la ley votada poco antes por el Parlamento que prohibía el adoctrinamiento LGTBIJK en contenidos dirigidos a menores, asunto que en Hungría tiene enorme apoyo de la sociedad.
[19] De hecho, lo inició Felipe González en 1985.
[20] En Hungría, todos los magistrados del Tribunal Constitucional son juristas de reconocido prestigio y carecen de afiliación partidista. Laszlo Salamon fue parlamentario durante dos décadas.
[21] La Comisión no mueve un dedo contra España, pero sí lo hace contra Hungría el belga Didier Reynders, titular de Justicia en la Comisión. Eso sí, cuando viaja a Madrid, es obsequioso y traga con cualquier compromiso laxo del gobierno español a pesar de los hechos relativos al CGPJ. Al conocer la designación, por parte del Gobierno, del exministro Juan Carlos Campo para una plaza en el TC, Reynders declaró que España «no es el único país en nombrar exministros» para organismos similares. La doble vara de medir.
[22] En el equivalente húngaro del CGPJ, todos sus miembros son designados por los jueces, no por políticos.
[23] Hungría no lo ha hecho. Eso le da margen para meditar el momento en que las curvas de obtención de ayudas y de pérdida de soberanía se corten. Y entonces decidir. Es también el caso de Polonia, sometida a similar acoso por parte de la UE.
