¿Qué es un Estado fallido?
La definición canónica de Estado Fallido es la de “un Estado soberano que no garantiza los servicios básicos, incurre en la pérdida de control físico del propio territorio, sufre una erosión casi completa de la autoridad ejecutiva, ha perdido el monopolio en el uso de la fuerza y es incapaz de relacionarse con otros estados de la comunidad internacional[1]”.
En términos generales y con carácter tradicional, se ha entendido que Estados fallidos son, por ejemplo, Haití, Somalia o Sudán del Sur, entre otros que entran y salen de la categoría por razones diversas.
Haití es un Estado que, sin encontrarse en guerra con otro Estado, ha ido descomponiéndose a lo largo de los años hasta alcanzar su situación actual. El caos reina y la población se halla completamente desasistida y desprotegida.
Distinto es el caso de Somalia, Estado en el que el territorio se halla segregado en segmentos enfrentados e irreconciliables, en un entorno de guerra civil permanente, que ha hecho retroceder la res publica hasta un neofeudalismo generalizado.
Sudán del Sur es un estado joven[2], sometido a permanentes enfrentamientos de facciones armadas, que actúan como bandas financiadas por el petróleo que exportan y las injerencias de su vecino islámico del norte, del que se independizó Sudán del Sur.
Estos casos y otros que podríamos citar son ejemplos característicos de Estados fallidos.
Sensu contrario, los Estados que se hallan en guerra por invasión de sus vecinos, como es el caso de Ucraina, no pueden ser considerados como fallidos. No sólo porque conserven intacta su capacidad de relación con otros Estados, sino porque no hay pérdida del control del uso de la fuerza, conservan gran parte de su territorio y proporcionan los servicios que el estado de guerra les permite. Lo que se produce es la pérdida de control de parte del territorio y (parcialmente) la de garantía de suministro de los servicios básicos, pero eso son derivadas de una guerra no querida contra un enemigo superior.
Así, se trata de analizar la situación de Estados que, en disfrute de un largo período de paz (en el caso de España, el más extenso nunca conocido en su historia), presentan erosiones no forzadas por terceros que aproximan al Estado a la definición canónica expuesta al principio de esta pieza.
Analicemos la situación punto por punto por lo que a España respecta.
- Estado soberano que no garantiza los servicios básicos
Los servicios básicos que un Estado debe proporcionar al conjunto de sus ciudadanos son la gestión de la moneda, la organización de la aplicación de la normativa, la seguridad interior (policía), la materialización de suministros y comunicaciones para el bienestar de la población y la defensa de las fronteras ante terceros[3].
En estos momentos de septiembre de 2024, la emisión de moneda[4] es responsabilidad total y absoluta del sistema de bancos centrales de la UE, y concretamente del Banco Central Europeo.
La ejecutoria de la Justicia y la aplicación del derecho, separado en teoría y por normativa derivada de la Carta Magna de los ámbitos partidistas, arrastra los males habituales de lentitud y dependencia política, pero en conjunto opera de manera aceptable en las instancias inferiores. No es el caso en las superiores, donde la injerencia política alcanza sus más altas cotas, favorecida por un diseño constitucional defectuoso. Con todo, la Ley se aplica a colectivos distintos con criterios distintos: ha dejado de ser igual para todos.
La seguridad interior no existe en la medida en que lo hacía anteriormente. Son bien conocidos los fenómenos de aumento de la violencia por parte de colectivos de todo orden, con fuerte primacía de extranjeros. La tendencia es claramente creciente y no está siendo atajada, con las consecuencias que ello tiene sobre la población, indefensa.
Los suministros esenciales (agua, energía), la disposición de residuos y las redes de transporte y comunicaciones (carreteras, ferrocarril, servicios aeroportuarios) son proporcionados o habilitados por el Estado, quien puede optar por cederlos vía concesión. No ha habido en la historia más y mejores medios para lograrlo. Y sin embargo, presiones internacionales asumidas por partidos políticos españoles apuestan por su innecesario encarecimiento, cuando no por restricciones a su utilización.
La impermeabilidad y defensa de las fronteras ha pasado a la historia. Éstas han devenido permeables a una invasión creciente y orquestada de grupos provenientes del Norte y Oeste de África que no está siendo obstaculizada, sino favorecida. El ejército está disperso en múltiples actuaciones multilaterales lejos de España y se encuentra sometido a una fuerte descapitalización de personal y equipos.
- Estado soberano que incurre en la pérdida de control físico del propio territorio
Las Comunidades Autónomas de Cataluña y el País Vasco han obtenido tal cantidad de transferencias de competencias que el Estado debía haber retenido, que se hallan prácticamente exentas de control central. Me refiero a control físico, administrativo y político, lo que incluye e incluirá más aún escasez en la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado.
Por otro lado, el caso de Gibraltar es paradigmático. Desde los primeros años 80 del Siglo XX, el Ejecutivo español acepta sin chistar la presencia de una colonia en territorio español y colabora con ella, amén de albergar a sus lideres en territorio español.
- Estado soberano que sufre una erosión casi completa de la autoridad ejecutiva
En el territorio de Cataluña se ha llegado a incumplir sentencias judiciales formales. Campan por el territorio nacional fugados políticos con orden de detención vigente. La colaboración de las fuerzas de seguridad catalanas es inexistente. La consecuencia es una segregación de facto del Estado en Cataluña, camino que sigue el País Vasco.
- Estado soberano que ha perdido el monopolio en el uso de la fuerza
Un Estado siempre debe poseer ese monopolio de forma completa, que en caso de perder pasa parcial o totalmente a mafias, agrupaciones de malhechores, grupos terroristas y tipologías políticas características. Ese es un proceso que tiene difícil vuelta atrás y sume a las sociedades tuteladas por el Estado que ha perdido ese monopolio en lugares donde la vida, por esa razón, se dificulta cada vez más, en un marasmo destructivo inmanejable.
- Estado soberano que es incapaz de relacionarse con otros estados de la comunidad internacional
Es un hecho que España se relaciona con otros Estados de la comunidad internacional.
Sin embargo, el alcance real de esas relaciones es cada vez menor, limitándose en muchos casos a actuaciones colegiadas en organismos de ámbito supranacional.
En concreto, hay dos vías por las cuales un Estado teóricamente soberano ve limitada su capacidad para relacionarse con otros Estados soberanos. Una, cuando cede parcelas de soberanía económica, comercial, monetaria, diplomática o cualquier otra a un organismo de orden superior en el que se ha integrado. Es el caso de España por su pertenencia a la Unión Europea. Las limitaciones derivadas de la cesión de soberanía hacia ese organismo son gigantescas y hacen a España incapaz de relacionarse con otros Estados de la comunidad internacional por haber perdido competencias, asumidas por la UE.
Otra, cuando subordina la soberanía de sus instituciones a un organismo de alcance supranacional que dicta sentencias superiores, exige desembolsos para fines ajenos a nuestros intereses, limita actuaciones propias en defensa de los legítimos intereses españoles y guía voluntades según criterios ajenos, todo ello en contra de lo que a España beneficia. Es la situación en que se encuentra España por mor de su pertenencia a la Organización de Naciones Unidas.
Hasta aquí, el diagnóstico.
¿Cuáles son las soluciones disponibles para revertir este estado de cosas y recuperar la plena soberanía nacional?
La primera es sencilla en su expresión y en su instrumentación, derivándose de ella multitud de ventajas y pocos inconvenientes, lo que la hace fácilmente aplicable. El balance que España obtiene de su pertenencia a la Organización de Naciones Unidas es muy negativo. Instrumentando técnicamente su salida de acuerdo con los requisitos jurídico-formales al uso, ese problema queda resuelto.
La segunda es difícil. Existe la posibilidad de abandonar la Unión Europea. En la práctica, ello ya ha ocurrido en dos ocasiones, con dos países distintos[5]. El caso de la Gran Bretaña es el más característico y la salida de ese país[6] cambió el paso de la UE, cuya reacción la ha terminado de convertir en un mandarinato alejado de los principios que iluminaron el nacimiento del Mercado Común Europeo (MCE).
La gran ventaja de entrar en el MCE era de carácter económico y comercial, con componentes de transferencias netas nada desdeñables para los países más pobres. La pertenencia de España a una gran Unión Aduanera posibilitó el crecimiento de algunos sectores (y la desaparición de otros, derivada de la mala negociación de ingreso efectuada por las autoridades políticas españolas) y, en general, un incremento del PIB a través de distintas variables, lo que en pura lógica económica debería haber permeado en beneficio de la gran mayoría de los componentes de la sociedad. Y así fue inicialmente.
La evolución de la CEE (Comunidad Económica Europea) o MCE hasta abocar a la UE, y el progresivo crecimiento de ésta en detrimento de sus Estados componentes ha devenido agobiante e intolerable[7]. Las ventajas comerciales (el 66% de nuestro comercio está relacionado con los países miembros de la UE) y la pertenencia a la Unión Económica y Monetaria son argumentos que, por sí mismos, parecen disuadir de cualquier estrategia de abandono de la UE: las pérdidas económicas derivadas de la contracción del comercio exterior[8] y el encarecimiento automático de nuestra deuda denominada en euros[9] son grandes obstáculos cuyos costes parecen inasumibles.
El tercer gran coste del abandono de la UE, no técnico pero evidente, sería hacer recaer la política monetaria española sobre la actuación de las castas políticas nacionales, PSOE (y asociados) y PP, que no mejorarían el desempeño de los burócratas de la Comisión de la UE y que se verían[10] atraídas por desencadenar una inflación galopante.
Lo anterior es suficiente para hacer dudar a cualquiera de abandonar una institución que no respeta sus orígenes, busca la desaparición de los Estados Nación, pretende el empobrecimiento de sus habitantes y se pliega a un globalismo criminal que tiene a subordinar a los países miembros al islam, bajo las directrices de Naciones Unidas. Por supuesto, sería necesario efectuar cuidadosos análisis coste-beneficio para poder decidir con un criterio racional y entonces la decisión tendría una base objetiva. En suma, el objetivo es deseable e ineludible, pero las consecuencias podrían ser dolorosas desde la perspectiva económica.
Hay una débil esperanza, que es Alemania. Es tal el miserable desempeño de sus élites[11] políticas desde el advenimiento de Angela Merkel, exacerbado por el actual gobierno de coalición en el poder, que cabe la posibilidad de que haya un movimiento social y político que los descabalgue y decida, según su programa, abandonar la UE.[12]
Hemos visto qué es preciso se cumpla para considerar a un país un Estado fallido. Hace casi 50 años, cuando comenzó el proceso de transformación del Estado por parte de políticos de todo pelaje, nadie lo habría podido imaginar. O puede que, en realidad, esa fuera la idea.
[1] Max Weber, El político y el científico.
[2] Julio de 2011. Sudán del Sur es el 193º Estado de la ONU.
[3] Todo lo demás (incluso parte de los enunciados) puede ser aportado por la iniciativa privada en un marco regulatorio adecuado.
[4] Y la totalidad de la política monetaria.
[5] No se menciona a Groenlandia en las referencias habituales a la historia de la UE. El país abandonó la entonces CEE UE en 1985 por discrepancias en materia pesquera.
[6] Decidida en 2016 e instrumentada en 2020.
[7] Sus incontables normas de todo orden en cada ámbito de actuación de los Estados miembros buscan imponer un criterio central y destruir la soberanía individual.
[8] Se perdería el régimen de aranceles cero para los países miembros del que gozamos en la actualidad y pagaríamos la Tarifa Exterior Común, al menos en una primera fase.
[9] La deuda incurrida por el Estado, las empresas y los particulares está denominada fundamentalmente en euros. Si abandonamos (como habría de ser: el sistema de Bancos Centrales no permitiría a España seguir utilizando el euro) esa moneda, la deberíamos reemplazar por otra nueva, la neopeseta. Esta se devaluaría automáticamente en un 50% o porcentaje similar debido a que tenemos déficits permanentes comercial y fiscal y nuestra deuda es muy alta en relación con un PIB, que, además, se contraería. Por tanto, hacer frente a los vencimientos de la deuda viva nos costaría hasta un 50% más, salvo que entráramos en default o impago.
[10] En realidad quiero decir que se verán tentadas y caerán en la tentación.
[11] En puridad, élite se refiere a una minoría selecta. Los actuales dirigentes son minoría, pero no son seleccionados por su capacidad ni por su ética sino por su adscripción a los partidos políticos tradicionales. El fenómeno se conoce como selección inversa.
[12] Eso sería una bendición para quienes, como España, verían cómo el euro se desvalorizaría rápidamente, facilitando el repago de la deuda en (entonces) valiosas neopesetas.
