Al día siguiente, 12 de mayo, la quema de edificios religiosos se extendió a poblaciones del sur y el este español. Allá donde los gobernadores civiles y los alcaldes actuaron rápida y contundentemente, la situación se normalizó de inmediato.

Hubo 10 muertos, todos en Málaga. Como colofón, el gobierno suspendió la publicación del ABC y “El Debate”, detuvo a figuras monárquicas y expulsó de España al obispo de Vitoria, Mateo Múgica.

Aunque se entiende que fueron anarquistas y gentes del ala izquierda republicana para presionar al gobierno provisional contra la Iglesia, no se sabe con certeza quién quemó los cien edificios religiosos, pero sí que el gobierno no controló los acontecimientos y rehusó hacer cumplir la Ley. Alcalá Zamora se ufanó de “haber evitado un baño de sangre”. Sin embargo, Pío XI no se dejó engañar^[1].

La II República se había autoexigido amparar la libertad de conciencia y secularizar la sociedad española para deslegitimar la monarquía, que se entendía fuertemente respaldada por la Iglesia. En esa línea, anunciaron su intención de crear una red de escuelas laicas, permitir el divorcio y reducir o eliminar las órdenes religiosas establecidas. En sus tres primeras semanas, el gobierno provisional aprobó una batería de medidas sedicentemente laicas^[2], pero cuya verdadera voluntad era eliminar la presencia de la Iglesia católica en la vida civil y militar

[1] El 17 de mayo se refirió a la gravísima responsabilidad de quienes “no habían impedido oportunamente que los sucesos tuvieran lugar”.

[2] Laico significa ”independiente de cualquier confesión religiosa”.