Esta es la XVII entrega resumida del libro «Franco sin adjetivos», que espero resulte de interés

8. La vertebración jurídica y la evolución política del Estado (2) 

El 17 de julio de 1942, Franco proclamó la ley constitutiva de las Cortes ante el Consejo Nacional del Movimiento. El 18 de julio fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley que creaba las Cortes Españolas. Franco tenía en mente entroncar con el glorioso desempeño de los siglos anteriores y sus raíces democráticas.[1]

En agosto de 1942 tuvo lugar una grave crisis política. Tras el atentado de Begoña[2], dimitió el ministro del Ejército, José Enrique Varela, y Franco remodeló el 3 de septiembre su gobierno, del que cesó a Valentín Galarza y al falangista Serrano Suñer, reemplazado por Gómez-Jordana. Varela fue reemplazado por el general de División Carlos Asensio Cabanillas. Adicionalmente, Franco asumió la presidencia de la Junta Política de Falange.

A primeros de junio de 1942 se produjo una revuelta discreta y amplia de muchos monárquicos, algunos de ellos ex ministros de Franco, que urgieron (respetuosamente) la inmediata restauración de la Monarquía. A finales de 1942, relevó de la jefatura de la División Azul a Agustín Muñoz Grandes, lo que constituyó un golpe de timón digno de ser mencionado[3].

En 1943, auspiciada por José Antonio Girón de Velasco, ministro de Trabajo, se efectuó una importante reforma de la Seguridad Social, que estableció tanto las bases como los desarrollos esenciales de la que se encuentra vigente en nuestros días.

El 17 de marzo de 1943, Franco inauguró las Cortes Españolas. Detengámonos por un momento en esta institución clave del Estado. Las Cortes estaban definidas como el órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado. Se trataba de una asamblea unicameral. Su misión principal era elaborar y aprobar las leyes, cuya sanción correspondía al jefe del Estado.

Estaban integradas por los miembros de la Mesa y los procuradores. Los miembros de la Mesa eran el presidente de las Cortes, los dos vicepresidentes y los cuatro secretarios. La Mesa estaba asistida y asesorada por el Letrado Mayor, jefe de los servicios de la Secretaría.

Los procuradores eran miembros por derecho propio. Su condición obedecía a haber sido designados directamente por Franco o por haber sido elegidos entre entidades corporativas. Desde el punto de vista de su condición, los procuradores podían ser natos, electivos y designados, por tercios del total.

A partir de ese mismo año de 1943, Franco cortó sin vacilar los brotes de descontento monárquico intramuros a cargo de políticos y militares que buscaban la inmediata restauración de la Corona[4]. El 8 de septiembre, la mitad de los tenientes generales firmó una carta[5]en la que el fragmento relevante reza así: …”si no estima como nosotros llegado el momento de dotar a España de un régimen estatal, que él como nosotros añora, que refuerce el actual con actuaciones unitarias, tradicionales y prestigiosas inherentes a la forma monárquica.” Franco desactivó el brote entrevistándose individualmente con cada uno de los firmantes. Funcionó, pues el 6 de enero de 1944, con motivo de la Pascua Militar, todos (todos) los militares (ministros, generales y mandos relevantes) firmaron un álbum, que ofrecieron a Franco, junto con un bastón de mando.

El 25 de enero de 1944, don Juan dirigió a Franco una carta en la que vertía manifestaciones descalificatorias de extrema dureza. La carta mencionada contestaba a otra de Franco del día 7 de enero, escrita por Franco con la seguridad de que su poder no estaba en absoluto menoscabado y motivada a su vez por una anterior que don Juan había dirigido a su secretario personal, Ramón Padilla, el 26 de noviembre de 1943. El cruce de cartas resultó decisivo y fue culminado por otra carta de Franco de 7 de febrero.

El 17 de diciembre, Franco firmó un extenso indulto que afectó a los condenados a 20 años y un día por delitos de guerra.[6]

El año 1945 se inició con absoluta unanimidad de los militares en torno a la figura del Generalísimo. La Falange y la Iglesia se alinearon igualmente. Desde ese año 1945, Franco hizo algunos cambios para asimilar algunos aspectos del Régimen con los de las democracias occidentales. Promulgó el Fuero de los Españoles[7], aprobado en el mes de junio; la Ley de Bases de Régimen local de 17 de julio, y la Ley de Referéndum, aprobada el 22 de octubre de 1945.

[1] En refrendo de lo cual afirmó ante el Consejo Nacional del Movimiento del día 17 de julio la necesidad de un sistema de contrapesos políticos que habilitara “el contraste de pareceres” y la “crítica contrastada y solvente”.

[2] El 15 de agosto de 1942, unos falangistas lanzaron bombas de mano contra carlistas en un acto religioso que se celebraba en la Basílica de Begoña, presidido por el general Varela. El acto se interpretó como un ataque contra el Ejército, lo que preocupó sobremanera a Franco. Carrero Blanco indujo un cambio de gobierno hacia los sectores católicos. Adicionalmente, como hemos visto, Serrano Suñer fue sustituido por el conde de Jordana, realineando así más claramente a España con la posición inicial de neutralidad.

[3] Adolf Hitler se había aproximado a Muñoz Grandes con la idea de utilizarlo para convencer a Franco de entrar en la guerra y reemplazar eventualmente al propio Franco en la jefatura del Estado. Así lo afirma Wayne H. Bowen (2000). “Spaniards and Nazi Germany: Collaboration in the New Order”. University of Missouri Press (2006). Spain During World War II. University of Missouri Press.

[4] Por ejemplo, el telegrama de 3 de agosto de 1943 que Don Juan dirigió a Franco, para forzar una reinstauración monárquica inmediata. Franco le respondió que no pusiera en peligro la unidad de España y la autoridad del Régimen en el exterior.

[5] Que el general Varela entregó a Franco en su despacho de El Pardo. Estaba firmada por Fidel Dávila, Alfredo Kindelán, José Monasterio, Luis Orgaz, Miguel Ponte, Andrés Saliquet, José Solchaga y José E. Varela. No firmó el general Vigón.

[6] El indulto afectó a unos 6.000 internos. De los reclusos que se hallaban contabilizados el 7 de enero de 1940 (270.719) restaban por aquél entonces 34.000, de los que 18.000 trabajaban fuera de las cárceles en régimen de redención de penas por el trabajo.

[7] En sí mismo, una norma muy parecida a una Constitución al uso liberal, que fijaba nítidamente los derechos y obligaciones de los españoles.