Antes de que el gobierno diera sus primeros pasos en materia de normas de alcance general, el 23 de agosto de 1937 se firmó el Decreto Ley de Ordenación Triguera, elaborado por la Junta Técnica, que garantizaba precios mínimos a los agricultores, un seguro de cosechas y la disponibilidad inmediata de recursos si el propio agricultor lo entendía conveniente.
Se acababa con ello de un plumazo con la indeterminación y zozobra propias del sistema de tasas que regía anteriormente. El Decreto Ley mencionado creó el Servicio Nacional de Trigo, de larga y exitosa vida posterior.
