Esta es la XX entrega reducida del libro «Franco sin adjetivos», que espero resulte de interés.

8. La vertebración jurídica y la evolución política del Estado (5)

1962 comenzó con un aldabonazo a cargo de Blas Piñar, por entonces director del Instituto de Cultura Hispánica, cuyo ataque escrito[1] en la prensa nacional contra los EE. UU. en vísperas de la renovación del Pacto decenal de 1953 fue considerado como una intervención muy inconveniente, por inoportuna.

El 9 de febrero de 1962, Franco instruyó al ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, para que iniciara las negociaciones de ingreso de España en el Mercado Común Europeo[2]. Éste hizo entrega del documento formal de solicitud al presidente del Consejo de ministros de la Comunidad Económica Europea, Maurice Couve de Murville.

Entre el 5 y el 8 de junio de 1962 se celebró en Múnich el IV Congreso del Movimiento Europeo[3]. El Congreso reunió a un conjunto de opositores al régimen, quienes firmaron un Manifiesto proponiendo suspender cualquier clase de relación con el Régimen hasta que éste mutara[4] y permitiera la existencia de los partidos políticos de la República, así como pretendiendo condicionar el acceso de España al Mercado Común. El mismo 8 de junio, mediante un decreto-ley, Franco suspendió por un plazo de 2 años las garantías residentes en el Artículo 14 del Fuero de los Españoles y envió al exilio[5] a políticos[6] que habían participado en el contubernio de Múnich.

El 31 de mayo de 1963 se creó el Tribunal de Orden Público, por el cual los acusados pasaban a ser juzgados por la jurisdicción civil y no por la militar[7]. El 27 de diciembre de ese mismo año 1963, en un Pleno de las Cortes, se aprobaron el Plan de Desarrollo, la ley General Tributaria, la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, la Ley de Asociaciones y Uniones de Empresas, la Ley de la Seguridad Social y la Ley de Bases de contratos del Estado. El origen de todas ellas estaba en sendos proyectos del gobierno, que siguieron la trayectoria prevista por la normativa antes de su aprobación.

El año 1964 fue celebrado como el de los XXV años de paz, lo que motivó celebraciones en toda España. El presidente de las Cortes hizo balance, recordando que la Cámara llevaba aprobadas más de 4.000 piezas legislativas.[8]

En febrero de 1965 tuvieron lugar importantes desórdenes en la Universidad, con participación de catedráticos y alumnos, que el Consejo de ministros, por boca de Carrero Blanco, interpretó como una manifestación de inquietud sobre el devenir institucional. Así, el SEU desapareció formalmente en abril. Para salir al paso, Franco efectuó el día 7 de julio de 1965 una nueva remodelación del gobierno, que abandonaron Mariano Navarro Rubio (para ser gobernador del Banco de España) y Alberto Ullastres, que fue destinado a Bruselas para dar el definitivo empujón a la candidatura de España al Mercado Común Europeo. Por su parte, entraron en el Consejo de ministros Federico Silva Muñoz en Obras Públicas y Adolfo Díaz Ambrona en Agricultura.

En 1966 tuvo lugar un grave accidente sobre la vertical de la costa de Almería. A las 10:30 del día 17 de enero, al intentar repostar en vuelo, un bombardero norteamericano B-52 cargado con cuatro bombas termonucleares W28[9] desactivadas chocó con un avión cisterna K-135, a resultas de lo cual, tres de los artefactos cayeron en tierra y uno lo hizo en el mar. Los fragmentos de los primeros fueron recuperados de inmediato, pero hallar la cuarta bomba exigió 49 días de frenética búsqueda[10].

Por entonces, el ministro Manuel Fraga Iribarne había presentado la Ley de Prensa en el Consejo de ministros. Una vez superado ese filtro y lograda su aprobación, la llevó a las Cortes, donde pasó con tres votos en contra. La Ley de Prensa significó la finalización la censura previa.

A finales de abril de 1967, en Sevilla, ante representantes del Movimiento Nacional, Franco reiteró su conocida postura sobre el eventual advenimiento de los partidos políticos[11]. El 11 de junio, el Mercado Común aprobó un mandato de negociaciones de acceso para España.

El 22 de julio de ese mismo año se creó el Consejo del Reino, órgano del más alto nivel, enlace administrativo entre el jefe del Estado y las Cortes. Ese mismo 22 de julio de 1967 cesó el General Muñoz Grandes en su cargo de vicepresidente[12]. Muñoz Grandes se hallaba gravemente enfermo.

El 21 de septiembre de 1967, Franco nombró al Almirante Carrero Blanco vicepresidente del Gobierno, en sustitución del general Agustín Muñoz Grandes, manteniendo sus responsabilidades anteriores como subsecretario de la Presidencia. A partir de entonces, el objetivo principal de Carrero fue conseguir que Franco nombrara un sucesor en la Jefatura del Estado, en un régimen monárquico, dentro de los principios del Movimiento Nacional.

La aparición en 1959 de ETA, organización independentista y marxista que desde 1968 recurrió al terrorismo como forma de lucha armada por la liberación nacional vasca, rompió la paz de Franco: 47 personas[13] murieron víctimas de acciones de ETA entre 1968 y 1975. Sus acciones continuaron durante décadas, causando los mayores daños en España a partir de la muerte de Franco: la ETA no era antifranquista sino separatista.

El 1 de abril de 1969, con motivo del trigésimo aniversario del final de la Guerra Civil, se aprobó el Decreto-ley 10/1969, de 31 de marzo, por el que se declaraban “prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad al uno de abril de mil novecientos treinta y nueve”. Así amnistiaba el Régimen definitivamente las responsabilidades por actividades realizadas hasta el final de la Guerra Civil.

El 22 de julio de 1969, Franco presentó ante el Consejo del Reino la designación del príncipe don Juan Carlos de Borbón y de Borbón como su sucesor a la Jefatura del Estado con el título de Príncipe de España. Ese mismo día, D. Juan Carlos fue proclamado por las Cortes sucesor de Franco al jurar fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales. No hubo unanimidad, registrándose 19 votos en contra[14] y 9 abstenciones.

El 29 de octubre de 1969, Franco procedió a un nuevo cambio de gobierno[15] cuyos miembros eran del Opus Dei, de la ACNP[16] o simpatizantes de una u otra, en su mayoría. El 13 de abril de 1970, Federico Silva Muñoz cesó como ministro de Obras Públicas, siendo sucedido por Gonzalo Fernández de la Mora y Mon.

El 1 de octubre de 1971, conmemorando el 35º aniversario de la proclamación de Franco como jefe del Estado, se promulgó un indulto general, que hacía el decimoprimero de los concedidos por Franco desde su llegada al poder. Afectaba a hechos cometidos desde el 21 de julio de 1965 hasta el 23 de septiembre de 1971. En el texto se explicitaba su alcance.

En los primeros años setenta, a la vista del envejecimiento de Franco, se apreciaba claramente la necesidad de separar definitivamente la Presidencia del gobierno de la Jefatura del Estado. Descartados, Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Carlos Arias Navarro para el cada vez más importante cargo, Franco decidió nombrar presidente del gobierno, haciéndolo de entre los que aparecían en la terna[17] que le presentó el Consejo del Reino, al almirante D. Luis Carrero Blanco. Corrían los primeros días del mes de junio de 1973.

El 14 de junio, en su primer Consejo de ministros, Carrero Blanco nombró a Torcuato Fernández-Miranda vicepresidente y secretario general del Movimiento, mientras López Rodó pasó a Exteriores. Dos falangistas, José Utrera Molina y Francisco Ruiz-Jarabo, fueron nombrados en Vivienda y Justicia. Carlos Arias Navarro fue nombrado ministro de Gobernación.

[1] Se trató de un artículo titulado Hipócritas. Piñar (futuro fundador del partido político Fuerza Nueva) fue cesado con carácter inmediato.

[2] “Una asociación susceptible de llegar en su día a la plena integración después de salvar las etapas indispensables para que la economía española pueda alinearse con las condiciones del Mercado Común”. Estaba claro.

[3] Conocido por el Contubernio de Múnich.

[4] El 9 de julio, Franco recibió a tres representantes de ese Movimiento. Reconoció que España debía ajustar sus formas políticas a las prevalecientes en el resto de Europa, pero esto sería después y no antes de que se la hubiera admitido. La transición se haría desde dentro, evolutivamente.

[5] Franco les dio a elegir entre el confinamiento o el exilio.

[6] Como Dionisio Ridruejo y José María Gil-Robles. Este último pagó cara su participación en Múnich: Don Juan lo cesó de su Consejo Privado.

[7] Ello ocurrió como consecuencia del fusilamiento de Julián Grimau, comunista residente fuera de España, que fue enviado al interior de España por Santiago Carrillo. Denunciado por un compañero de partido, fue detenido y se enfrentó a los delitos de sangre que había cometido en Barcelona durante la Guerra Civil. Grimau era en esa época inspector de policía, miembro de la policía política. Fue responsable de la “checa” de la calle Berenguer el Grande, donde se cometieron numerosos asesinatos entre 1936 y 1938. Fue juzgado según lo estipulado por la Ley de Responsabilidades Políticas y fusilado el 20 de abril de 1963, a pesar de las intervenciones de Nikita Jruschov y de Valéry Giscard D´Estaing. A partir de entonces, los juicios pasaron a tribunales civiles.

[8] Subrayando de paso que Franco no había ejercido ni una sola vez su derecho de veto.

[9] De 1,45 megatones cada una.

[10] Para acallar los rumores sobre contaminación del agua, el ministro Manuel Fraga y el embajador norteamericano Angier Biddle Duke se bañaron el 8 de marzo en aguas próximas a Palomares, el municipio directamente afectado. La tierra alcanzada por el uranio y el plutonio desparramados por la destrucción física de dos de las bombas fue retirada por haber resultado contaminada.

[11] Fue inequívoco: “Pero si a disculpa del contraste de pareceres lo que se busca son los partidos políticos, sepan en absoluto que eso jamás vendrá. Y no podrá venir porque significaría la destrucción y la desmembración de la patria; volver otra vez a la base de partida, perder todo lo conquistado. Implicaría la traición a nuestros muertos y a nuestros héroes. Por eso, la apertura al contraste de pareceres está perfectamente definida y clara, sin que haga falta ninguna clase de rectificaciones. Quiero decirlo de manera clara y concluyente para cortar esa campaña de grupos de presión que están siempre queriendo volver a las andadas”.

[12] Si bien conservó la Jefatura del Alto Estado Mayor.

[13] La primera víctima fue el comisario de la brigada de investigación de la Policía en Guipúzcoa, Melitón Manzanas. El propio Enrique Líster tildó de vulgares asesinos a los perpetradores.

[14] El más sorprendente correspondió al teniente general Rafael García Valiño.

[15] En ese gobierno, Gregorio López Bravo pasó a Exteriores, Torcuato Fernández Miranda fue ministro secretario general del Movimiento, José María López de Letona entró en Industria, Alberto Monreal Luque lo hizo en Economía, Enrique Fontana Codina en Comercio, Tomás Garicano Goñi en Gobernación y Manuel Fraga Iribarne fue reemplazado por Alfredo Sánchez Bella.

[16] Asociación Católica Nacional de Propagandistas.

[17] La terna estaba integrada por Manuel Fraga Iribarne, Nemesio Fernández Cuesta y Luis Carrero Blanco.